Concentración por una financiación digna de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual.

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Concentración por una financiación digna de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual.

La mayoría de las personas usuarias que están en nuestros centros (CENTROS DE DÍA Y RESIDENCIAS) cuentan con su plaza gracias al concierto que tienen nuestras entidades con la Junta de Andalucía, lo que esta paga por cada plaza está muy por debajo del coste real de los servicios que prestamos, ocasionando un deterioro de la calidad de los servicios y una situación económica insostenible.

En el año 2012 se congelaron los precios de las plazas de los servicios que las entidades prestamos, estos no se actualizaron hasta 2019, siendo esta actualización una cantidad muy inferior al coste real de los servicios , después de meses negociando con la Junta de Andalucía la subida para 2021 es solo un 2,6 %, de nuevo esta cantidad no se ajusta a los costes reales de nuestro servicios afectando esta situación de manera muy importante a la sostenibilidad económica de las organizaciones que prestamos apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

A pesar de ello durante estos años para garantizar la calidad en nuestra intervención las asociaciones hemos tenido que hacer frente al aumento de los costes derivados entre otros de la actualización de los costes salariales vinculados al XV convenio colectivo ( cabe mencionar que la subida prevista en el convenio para el año 2022 es de un 3,75 % del salario base siempre que no esté por encima del IPC + 5,50 %), y por el que se establecen los salarios de los profesionales que prestan apoyos en nuestras asociaciones y cuya labor es imprescindible.

Los profesionales y familias que formáis parte de la asociación conocéis a través de vuestra participación en las asambleas generales anuales la situación económica por la que atraviesa nuestra asociación y que en muchos casos hace insostenible el buen funcionamiento del sector cuya labor es importante como motor de cambio para
impulsar los derechos y autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que mejoren su calidad de vida y la de sus familias.

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